Disertarán sobre nuevas obligaciones de transparencia para constructoras

La exigencia de hacer más transparente el negocio que realizan y de adherir a principios éticos llegó al mundo de las empresas de construcción, que ahora tienen la obligación legal de implementar protocolos diseñados para evitar delitos de corrupción.

Para detallar sobre estas nuevas obligaciones en las empresas de construcción que operan en Misiones, este miércoles -3 de julio- de 15 a 17 se realizará una jornada de trabajo denominada "Ética y Transparencia en la Industria de la Construcción" organizada por la delegación misionera de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); la disertación tendrá lugar en la sede de dicha cámara ubicada en Troazzi Nº 1129. Uno de los disertantes de este seminario es el abogado Hugo Wortman Jofre, consultor de programas integrales contra la corrupción.

El Territorio dialogó con el especialista en derecho para saber cuáles son los cambios que se vienen para el universo de las empresas constructoras en materia de protocolos de transparencia y políticas antifraude.

Además de la disertación de Wortman Jofre también participarán de la jornada el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, y el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Juan Carlos Pereira.

¿De qué se trata la disertación que dará el próximo miércoles en Posadas?

La conferencia se llama ‘Construyendo Integridad’ y es una iniciativa de la Cámara Argentina de la Construcción para promover la concientización en las empresas del sector de trabajar de acuerdo con los principios legales con plena vigencia en nuestro país.

¿Cuáles son esos principios legales?

A partir de la entrada en vigencia en el 2018 de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se reconoció en los artículos 22 y 23 la importancia de contar con un programa de integridad que impulse medidas que prevengan la corrupción, tanto hacia adentro de las empresas como también hacia afuera en la relación con la comunidad y con los gobiernos para el caso de obras públicas.

¿Cuáles son esas medidas que exige la Ley 27.401 para las empresas constructoras?

La Ley 27.401 obliga a que las empresas tengan códigos de conducta con herramientas que ayuden a prevenir la corrupción dentro de las organizaciones. Algo que está pensado para un sector que tuvo mucho conflicto en esta materia por distintas denuncias de hechos de corrupción que involucraron a funcionarios del gobierno y a referentes de empresas constructoras. Luego de esos episodios que se dieron en el 2017, el Congreso de la Nación sancionó esta Ley 27.401 en el 2018 con el espíritu de reforzar los anticuerpos de lucha contra la corrupción en este rubro de la construcción.

¿Qué medidas concretas deberán adoptar las empresas constructoras que trabajan con obras públicas?

Si son empresas proveedoras de los Estados, ya sea nacional, provincial o municipal tienen la obligación por ley de cumplir una serie de requisitos sin los cuales no podrán presentarse a licitaciones. Y la mayoría de esas firmas se dedican a hacer las obras públicas que proponen los estados, por eso están alcanzadas por la obligatoriedad de contar con un programa de integridad basado en tres acciones específicas: que son un código de ética, un reglamento del vínculo con el sector público y finalmente un programa de capacitaciones periódicas.

¿Qué nivel de cumplimiento de la Ley 27.401 hay en nuestro país por parte de las empresas constructoras?

Hasta el momento, la verdad es que hubo una mayor exigencia de cumplimiento de la Ley 27.401 para las empresas encargadas de obras que cuentan con financiamiento internacional, porque se trata de una tendencia normativa a nivel mundial que busca transparentar al rubro. Por eso, por ejemplo las empresas que necesitan aplicar a préstamos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) o el Banco Mundial, esos mismos organismos para otorgar préstamos exigen que las empresas constructoras cuenten con programas de integridad.

¿Y los bancos en Argentina ya están exigiendo también esta normativa?

Si. Esta normativa también ya es tenida en cuenta por los bancos que operan en nuestro país, ya sean locales o extranjeros. Actualmente lo primero que están pidiendo todos los bancos para otorgar préstamos es que las empresas cuenten con programas de integridad. Es decir se trata de una política a nivel global que tiene impacto concreto en nuestro país.

¿Usted sostiene que se trata de una política de transparencia a nivel global?

Si. En la región tenemos legislaciones similares a la de nuestro país en Chile, Perú, Brasil, Uruguay y México. Con distintas modalidades el concierto internacional de países va dando forma jurídica a esta idea de transparentar la industria de la construcción. Y también en cada país hay distinto tipo de acompañamiento de los estados a las empresas para que puedan encuadrarse en la normativa en vigencia.

¿Y en nuestro país cuál es el acompañamiento que hay desde el Estado?

En el caso de nuestro país, se sancionó la Ley 27.401, luego se reglamentó a través de la Oficina Anticorrupción, pero la verdad es que hay poco seguimiento y acompañamiento a las empresas locales para que puedan implementar estos sistemas. Por eso es tan importante el acompañamiento que se puede hacer desde las entidades intermedias como por ejemplo en este caso la Cámara Argentina de la Construcción para lograr que la mayor cantidad de empresas afiliadas implementen estas medidas, porque en definitiva hacer negocios en un marco de transparencia les garantiza seguridad jurídica y también tranquilidad a los directivos de que el día de mañana no van a tener complicaciones judiciales ni tributarios.

¿Cuál es el mensaje que buscarán transmitir el miércoles próximo a las empresas constructoras de Misiones?

Desde la Cámara Argentina de la Construcción buscamos llegar a todas las empresas del rubro con un mensaje de concientización de que estas medidas de transparencia son positivas para el sector. Sabemos que no es lo mismo una gran empresa de 800 personas que una pequeña empresa que tiene 8 empleados. Seguramente las más grandes ya tienen la capacidad de ponerse a tono con las exigencias de la ley. Pero las más pequeñas quizá no. Por eso vamos a presentar en Misiones el Kit Integridad sobre todo dirigido a las pequeñas empresas para que hagan cursos de capacitación on line que en tres clases les brindamos todas las herramientas para estar acorde a la exigencia legal.

¿Y cuál es la reacción de las empresas en general con esta cuestión?

Las empresas, sobre todo las más pequeñas, muchas veces tienen vergüenza de decir que no cuentan con estas herramientas. Pero es necesario sincerar esta situación para tener un relevamiento de cuantas empresas por ejemplo en Misiones, están dentro de lo que estipula la Ley 27.401 y a los que no se encuentren encuadrados la idea no es estigmatizar sino ayudarlos a cumplir con la normativa. Porque además si la provincia de Misiones quiere atraer inversiones para su territorio o si las empresas misioneras quieren acceder a financiamiento internacional o asociarse a consorcios de construcción, la primera exigencia que les van a pedir es que tengan un código de integridad que asegure la prevención de delitos de corrupción.