Prisión preventiva para seis policías por torturar y matar a Carlos Guirula

Seis de los nueve policías que estaban detenidos por el asesinato del albañil Carlos Guirula seguirán tras las rejas luego de ser imputados formalmente por el delito de “tortura seguida de muerte” y “omisión de evitar la tortura”, mientras que tres uniformados fueron excarcelados aunque siguen ligados al crimen acusados de “omisión de denunciar la tortura”.
La decisión fue tomada ayer por el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo y en el caso de la oficial que estuvo a cargo del operativo, Lourdes Tabárez, la imputación es “en concurso real” porque se comprobó que esa madrugada cometió más de un delito al participar en el operativo. Más allá de eso, a la única oficial mujer que actuó en la detención de la víctima en el motel posadeño se le imputó también el delito de “hurto agravado” por haberse quedado con el teléfono celular de Guirula y esconderlo entre sus ropas en la comisaría del barrio Guazupí.
Los otros efectivos con prisión preventiva son el sargento primero Claudio Marcelo Servián y el agente Carlos Da Silva; ambos de la Seccional Decimotercera y los cabos primeros Lucas Nahuel Saravia y Ricardo Escobar, del Comando Radioeléctrico.
El sexto integrante de la fuerza es el oficial subayudante Carlos Alberto Sidorak, en este caso se le imputó el delito de “omisión funcional de evitar la torura” que prevé penas de entre 3 y 10 años. En su caso el juez decidió que siga en prisión debido a los riesgos procesales que significaría su excarcelación, ya que al tener el rango de oficial en la fuerza podría entorpecer la investigación.
Los tres uniformados que fueron excarcelados son el cabo primero Sergio Damián Recalde y los agentes Jorge Marcelo Bogado y Jorge Orlando Barrios. La liberación se dio a las tres de la tarde, luego de ser imputados por “omisión de denunciar la tortura”.
El caso de estos policías es que por el rango inferior que poseen ante los demás efectivos que actuaron en esa madrugada no pudieron evitar la tortura, pero tampoco denunciaron el hecho ante las autoridades teniendo 24 horas para hacerlo.
La causa ahora se encamina directamente hacia el juicio oral, una vez que la instrucción de la causa cierre y la investigación reúna todas las pruebas necesarias. Mientras, los abogados defensores de los imputados pueden apelar -si quisieran- la decisión del juez, aunque en todos los casos solo en cuanto a alguna posible diferencia en el criterio adoptado teniendo en cuenta los posibles riesgos procesales que puedan existir.

Patadas y pisotones
La muerte de Guirula, ocurrida tras el incidente generado dentro del motel de las avenidas Santa Catalina y Andresito, derivó en un escándalo dentro de la fuerza policial, más aún porque existen antecedentes de similares características.
El albañil de 33 años fue asesinado a golpes, principalmente patadas y pisotones que le rompieron las costillas y le perforaron los pulmones, luego de que la víctima se resistiera a ser detenida dentro del albergue transitorio, donde momentos antes se habría negado a pagar 104 pesos que consideraba que el conserje le quería cobrar de más por tres botellas (una petaca y dos medidas) de whisky que aparentemente no había consumido.
De acuerdo al artículo 144 del Código Penal, será reprimido con reclusión o prisión de ocho a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura (...) Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena será de reclusión o prisión perpetua.