Acusan a Oyarbide de proteger a varios empresarios textiles
Sábado 25 de octubre de 2014
Un fiscal impulsó ayer una causa para investigar al juzgado federal de Norberto Oyarbide por presunta protección a empresarios relacionados con talleres textiles clandestinos en los que se explotaba laboralmente a inmigrantes.
El fiscal Ramiro González abrió una denuncia del Tribunal Oral Federal 5, que detectó una escucha en la que supuestos representantes de empresas que contrataban los talleres clandestinos deslizaban que existía una suerte de acuerdo con el juzgado de Oyarbide para no ser investigados, informaron a DyN fuentes judiciales.
"En el juzgado nos dieron certeza que ustedes no van a estar más ni escuchados. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que no pasa nada", se detectó en la escucha que se realizó el 12 de junio de 2012 entre Alejandro, un presunto abogado, y un tal Emilio, vinculado a las empresas.
El fiscal González requirió formalmente el inicio de una investigación y como primeras medidas de prueba le solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que pida al TOF 5 todos los antecedentes de la causa y a la Cámara Federal que informe a quién estaba asignada esa investigación en el juzgado de Oyarbide.
La escucha coincidió con la forma en que se resolvió la causa: Oyarbide envió a juicio a los responsables de los talleres y no a los empresarios.
Los jueces del TOF 5, Oscar Hergott, Sergio Paduczak y Ángel Nardiello, condenaron a 12 acusados a penas de entre cinco y tres años de prisión por explotar laboralmente a personas que estaban esclavizadas en talleres clandestinos donde confeccionaban todo tipo de ropa en condiciones infrahumanas.
Las víctimas -que al igual que los condenados eran de nacionalidad boliviana- eran captadas en su país con ofertas laborales engañosas y en Argentina trabajan en talleres durante "extensas y extenuantes jornadas laborales, inapropiadas condiciones para el hábitat, la higiene, recreación y descanso digno; bajo un precario régimen de alimentación", dijo la Justicia.
Los magistrados entendieron que la escucha "involucra la comisión de delitos de acción pública en los que estarían involucrados funcionarios públicos", por lo que hicieron la denuncia que ahora fue impulsada por el fiscal González. El fiscal también abrió una causa para investigar a las empresas que se beneficiaron con el trabajo de las personas esclavizadas.
En la causa radicada en la Justicia se detectó que los talleres trabajaban para casas de ropa de primeras marcas.
El fiscal Ramiro González abrió una denuncia del Tribunal Oral Federal 5, que detectó una escucha en la que supuestos representantes de empresas que contrataban los talleres clandestinos deslizaban que existía una suerte de acuerdo con el juzgado de Oyarbide para no ser investigados, informaron a DyN fuentes judiciales.
"En el juzgado nos dieron certeza que ustedes no van a estar más ni escuchados. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos que no pasa nada", se detectó en la escucha que se realizó el 12 de junio de 2012 entre Alejandro, un presunto abogado, y un tal Emilio, vinculado a las empresas.
La escucha coincidió con la forma en que se resolvió la causa: Oyarbide envió a juicio a los responsables de los talleres y no a los empresarios.
Los jueces del TOF 5, Oscar Hergott, Sergio Paduczak y Ángel Nardiello, condenaron a 12 acusados a penas de entre cinco y tres años de prisión por explotar laboralmente a personas que estaban esclavizadas en talleres clandestinos donde confeccionaban todo tipo de ropa en condiciones infrahumanas.
Las víctimas -que al igual que los condenados eran de nacionalidad boliviana- eran captadas en su país con ofertas laborales engañosas y en Argentina trabajan en talleres durante "extensas y extenuantes jornadas laborales, inapropiadas condiciones para el hábitat, la higiene, recreación y descanso digno; bajo un precario régimen de alimentación", dijo la Justicia.
Los magistrados entendieron que la escucha "involucra la comisión de delitos de acción pública en los que estarían involucrados funcionarios públicos", por lo que hicieron la denuncia que ahora fue impulsada por el fiscal González. El fiscal también abrió una causa para investigar a las empresas que se beneficiaron con el trabajo de las personas esclavizadas.
En la causa radicada en la Justicia se detectó que los talleres trabajaban para casas de ropa de primeras marcas.
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