Investigan supuestos vínculos entre delincuentes y los policías detenidos

La causa penal por apremios ilegales en la Comisaría Primera de esta localidad dejaría al descubierto un trasfondo mucho más grave del que se cree y por eso, la investigación judicial avanza también hacia posibles nexos entre los uniformados detenidos con delincuentes de la zona.
La línea investigativa es consecuente con una hipótesis que ha cobrado fuerza con el correr de las horas y apunta a una supuesta complicidad policial que tiene que ver con la liberación de zonas y comisión de delitos vinculados al robo de autos y viviendas, como también de contrabando.
Según fuentes consultadas, se sospecha que los (o algunos) efectivos de la comisaría intervenida el jueves tenían zonas delimitadas donde operaban con los malandras, y la conocida como picada Zulma -donde se cometió el último asalto- sería una de ellas.
En ese contexto resultó clave el testimonio de la víctima del robo calificado, quien ratificó en su denuncia haber sido alcanzado por un patrullero minutos después de ser despojado de su vehículo y que dos veces hizo señas en pedido de auxilio pero jamás fue asistido.
Esta situación sustentaría de alguna manera el alto porcentaje de delitos no resueltos, situación que en reiteradas veces fue denunciada por los vecinos, y también salpicaría a otras dependencias de la Unidad Regional VIII, cuyo jefe es el comisario Evaldo Katz, cuestionado ex titular de la comisaría de Dos de Mayo el año que desapareció Mario Golemba.
Los uniformados investigados, entre ellos el jefe de la comisaría, José Fischer; dos oficiales, dos suboficiales y dos agentes, continúan detenidos e incomunicados en diferentes unidades policiales de localidades cercanas, por disposición del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, subrogado actualmente por el juez penal de Oberá, Horacio Alarcón.
La Jefatura de Policía también dispuso a través de la Dirección de Asuntos Internos el inicio del sumario administrativo a fin de determinar o deslindar las responsabilidades que le pudiera caber a cada uno de los efectivos acusados de golpear salvajemente a detenidos.
Mientras se investiga, la comisaría que fue despojada de todos sus integrantes está siendo guiada por el comisario inspector Juan Carlos Mendoza, a modo de interventor. Proviene de la Unidad Regional Dos de Oberá, de donde son los demás oficiales y suboficiales que trabajarán de manera provisoria en la dependencia.

Uniformados violentos
El disparador de la investigación fue la feroz golpiza que recibieron dos detenidos, acusados de robo calificado. Las agresiones fueron tan graves que intentaron ocultarlo, pero los hombres debieron ser internados y todo derivó en una denuncia penal.
No es la primera vez que ocurren hechos de este tipo en esta comisaría, lo que demuestra que la violencia es una práctica habitual en la dependencia, aunque muy pocos de los que sufrieron se animaron a denunciar.
El Territorio publicó varios casos en los que no solamente denunciaron haber sido golpeados, sino que también los policías se quedaron con pertenencias, tal el caso del albañil posadeño Juan Carlos Gómez, quien a mediados de abril llegó a esa localidad para hacer un trabajo en la casa de sus padres y fue detenido por policías, quienes -a golpes- quisieron que confiese un robo de teléfonos de celulares de alta gama ocurrido un mes antes.
“Cuatro policías encabezados por un oficial de apellido Villalba y otro Leites me apuntaron con sus armas y a golpes me sacaron del auto, me esposaron y tirado en el asfalto comenzó la paliza, a patadas y rodillazos” recordó el hombre.
En ese contexto contó que estuvo “detenido trece días, porque me acusaron falsamente de un delito y así me arruinaron la vida porque ni siquiera tengo antecedentes penales. Ellos me pegaron feo todos los días”.
Su libertad estuvo sujeta al pago de una fianza de 5 mil pesos, pero cuando fue liberado nunca recuperó la billetera con el dinero que llevaba (tres mil pesos), como tampoco las pertenencias que estaban en el baúl de su auto.
En junio, Mario Silva denunció a los policías que golpearon a su sobrino cuando, a bordo de su moto, llevaba nafta para auxiliar a un pariente. Fue abordado por los agentes del orden y agredido en medio del operativo.
Según la denuncia, por más de tres días el joven permaneció dentro de una celda, al mismo tiempo que sus familiares lo buscaban por todos lados, incluso rastrillando zonas de montes pensando lo peor, sin tener ningún rastro de su ser querido.
Finalmente, y casi de casualidad, el padre de la víctima ubicó al muchacho dentro de una de las celdas de la comisaría, aparentemente luego de que los efectivos negaran la presencia del joven dentro de esta.
“Durante la segunda noche que estuvo alojado, un agente, de nombre Cristian, entró a la celda y lo esposó. En compañía de otro camarada, ambos empujaron a mi sobrino contra las rejas, lo cual hizo que perdiera sangre por la boca”, narró el tío del muchacho.
Además de las agresiones físicas, desde el entorno del joven señalaron que los uniformados lo desnudaron para luego arrojar agua fría, a pesar de las bajas temperaturas. Los tres días pasó sin probar un bocado de comida.

Golpizas reiteradas
Más atrás en el tiempo, los aprehendidos acusados de balear a un policía sufrieron los mismos tormentos, a decir del único detenido que tiene la causa hasta ahora, Walter Cardozo, quien durante el tiempo que estuvo en la comisaría fue víctima de apremios ilegales.
Coincidente con Cardozo fue Pablo Paniagua, quien también sufrió violencia policial en la misma causa. “Me trajeron del yerbal donde estaba trabajando, a golpes. Me patearon por todos lados, me pegaron entre las piernas, fue inhumano lo que me hicieron” dijo.
Otro caso data de septiembre de 2012 y el denunciante fue el trabajador radial Cristian Amarilla, atacado por cuatro uniformados en una cancha de fútbol de esta localidad. La denuncia fue por abuso de autoridad, lesión corporal, maltrato físico y psicológico, además de amenazas de muerte.


Supuesto caso de gatillo fácil Policías de San Vicente no sólo fueron denunciados por torturas y amenazas en los últimos años.
En la lista negra de la fuerza en esta localidad figura un supuesto caso de gatillo fácil, que no fue resuelto por la Justicia pero que aún hoy tiene a tres uniformados sujetos a la causa.
El asesinato ocurrió el 10 de marzo de 2012 y la víctima fue Juan Pereyra Da Rosa, quien resultó baleado en medio de un operativo realizado en un establecimiento forestal propiedad del Instituto de Previsión Social de Misiones.
La versión de la Policía fue que una patrulla llegó hasta el lugar respondiendo a un llamado que consignaba el robo de madera y se habrían defendido a los tiros cuando los sujetos los vieron llegar.
En ese incidente Da Rosa cayó muerto de un balazo y la Policía detuvo a Sebastián De Sosa, quien narró las circunstancias contrarias a la versión oficial y puso en el tapete la comisión de abuso policial.
La investigación concluyó que los uniformados efectuaron alrededor de quince disparos y hasta limpiaron la escena del crimen, por lo que el por entonces juez Cuenca ordenó la detención del oficial Ramón De Miranda (era segundo jefe de la comisaría de El Soberbio; del suboficial Valentín De Lima y del sargento Juan Daniel Chávez, ambos del Comando Radioeléctrico de San Vicente.
Desde 2012 la familia Da Rosa reclama el esclarecimiento de lo que para ellos fue un nuevo caso de gatillo fácil.