Corte de Apelaciones rechazó un pedido para liberación de pagos
Jueves 23 de octubre de 2014
La Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó ayer actuar sobre el fallo del juez Thomas Griesa que ordenó el bloqueo de 539 millones de dólares depositados por la Argentina en cuentas del Bank of New York Mellon (Bony).
Según informaron agencias internacionales, el tribunal justificó esta determinación al sostener que carecía competencia sobre el tema, dado que la determinación de Griesa operaba como aclaración de fallos previos.
El pedido de revisión había sido efectuado por la Argentina, eurobonista con títulos con jurisdicción europea y el fondo de inversión Fintech.
El reclamo apuntaba a dejar sin efecto la forma en que Griesa había actuado luego de que la Argentina decidió depositar 539 millones de dólares en las cuentas del Bony para honrar sus vencimientos.
El tribunal superior consideró que no era competente para aceptar el requerimiento y en consecuencia la orden de bloqueo por parte de Griesa se mantiene inalterable.
El 30 de junio el magistrado le ordenó al Bony que no transfiera desde sus cuentas en Buenos Aires a Nueva York, el dinero que había depositado la Argentina.
De esta forma evitó tener que decidir sobre un eventual embargo de esos fondos para hacer cumplir su sentencia que obliga a la Argentina a pagarle 1.330 millones de dólares a holdouts.
Argentina, bonistas europeos y el fondo Fintech le reclamaron a la Corte para que deje sin efecto una medida judicial de un tribunal inferior que afecta a terceros ajenos al litigio.
Griesa hasta el momento sólo habilitó pagos de bonos en dólares con legislación argentina.
A raíz de esta excepción es que se especula con la posibilidad de que, luego de este rechazo de una revisión total del bloqueo, ahora los bonistas europeos intenten una nueva medida judicial que equipare el tratamiento de sus títulos con aquellos con legislación argentina.
Griesa había determinado que el pago de 539 millones de dólares correspondientes a los bonos Discount emitidos bajo legislación extranjera y que Argentina depositó en junio en el Bony para los tenedores de bonos que participaron en las dos reestructuraciones de deuda soberana era "ilegal".
En una orden posterior instruyó al banco retener los fondos. El 30 de julio último, treinta días después del vencimiento del pago de este servicio de deuda, la Argentina ingresó en default "técnico" por el bloqueo judicial de dichos desembolsos.
Según informaron agencias internacionales, el tribunal justificó esta determinación al sostener que carecía competencia sobre el tema, dado que la determinación de Griesa operaba como aclaración de fallos previos.
El pedido de revisión había sido efectuado por la Argentina, eurobonista con títulos con jurisdicción europea y el fondo de inversión Fintech.
El tribunal superior consideró que no era competente para aceptar el requerimiento y en consecuencia la orden de bloqueo por parte de Griesa se mantiene inalterable.
El 30 de junio el magistrado le ordenó al Bony que no transfiera desde sus cuentas en Buenos Aires a Nueva York, el dinero que había depositado la Argentina.
De esta forma evitó tener que decidir sobre un eventual embargo de esos fondos para hacer cumplir su sentencia que obliga a la Argentina a pagarle 1.330 millones de dólares a holdouts.
Argentina, bonistas europeos y el fondo Fintech le reclamaron a la Corte para que deje sin efecto una medida judicial de un tribunal inferior que afecta a terceros ajenos al litigio.
Griesa hasta el momento sólo habilitó pagos de bonos en dólares con legislación argentina.
A raíz de esta excepción es que se especula con la posibilidad de que, luego de este rechazo de una revisión total del bloqueo, ahora los bonistas europeos intenten una nueva medida judicial que equipare el tratamiento de sus títulos con aquellos con legislación argentina.
Griesa había determinado que el pago de 539 millones de dólares correspondientes a los bonos Discount emitidos bajo legislación extranjera y que Argentina depositó en junio en el Bony para los tenedores de bonos que participaron en las dos reestructuraciones de deuda soberana era "ilegal".
En una orden posterior instruyó al banco retener los fondos. El 30 de julio último, treinta días después del vencimiento del pago de este servicio de deuda, la Argentina ingresó en default "técnico" por el bloqueo judicial de dichos desembolsos.
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