Contra el desalojo forzoso y la resolución de la ocupación

Funcionarios del municipio de Posadas, la provincia y Nación concretaron una mesa interinstitucional para el reconocimiento del decreto 358/17 para evitar el desalojo forzoso, resolver la ocupación de tierras y lograr el acceso a los servicios públicos domiciliarios.

El pasado viernes desde la Defensoría del Pueblo, se respaldó el reconocimiento del decreto nacional 358/17 a fin de frenar los desalojos forzosos. Si bien el decreto no suspende explícitamente el desalojo, sí deja clara la intención de hacerse cargo de la vulneración de derechos que existen en los barrios populares, y de avanzar en la integración social y urbana de los
asentamientos.

El decreto tiene por objeto registrar los bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de los particulares, donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en esos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas. Además, dicho registro, permite el acceso a las familias al “Certificado de Vivienda Familiar”, el mismo se constituye como documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio.

De esta manera, según se comunicó desde la Defensoría del Pueblo de Posadas, podrán solicitar la conexión de servicios públicos domiciliares tales como agua corriente y servicios cloacales, energía eléctrica y telefonía; solicitar la clave única de identificación tributaria (CUIT) y/o la clave única de identificación laboral (CUIL); realizar peticiones ante los organismos públicos, previsionales y educativas.

Para el abordaje de la problemática del desalojo y la ocupación de tierras "nos propusimos la conformación de una mesa Interinstitucional para la instrumentación de Acuerdos Sociales territoriales y difusión a fin de adecuar el decreto, las resoluciones y/o leyes distritales vinculadas. Dicha mesa debe generar y articular mecanismos de negociación, dirigidos principalmente a reducir los focos de tensión, buscando construir los consensos, desde una lógica de esfuerzo compartido entre los afectados, municipio, Provincia y Nación e interpretados como un instrumento para facilitar el acceso a la tierra o resolver conflictos".