El Gobierno extendió por un año la emergencia en seguridad

Desde el estado Nacional se prorrogó por un año la Emergencia de Seguridad Pública y ratificó que uno de los "objetivos centrales" del Gobierno es la lucha contra el narcotráfico.
La extensión del plazo de la emergencia, que había sido declarada contra el narcotráfico en el país, el 21 de enero del año pasado, al mes y medio del comienzo de la gestión macrista, fue dispuesta mediante el decreto 50 publicado ayer en el Boletín Oficial.
La norma lleva las firmas del Presidente y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, menciona varias medidas adoptadas para combatir la inseguridad y argumenta que "los esfuerzos realizados y los éxitos obtenidos hacen imprescindible prorrogar la vigencia de la declaración de la emergencia de seguridad pública".

Según la normativa publicada ayer, se recordó que la declaración de emergencia estuvo motivada "por la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado, tales como el impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados".
La decisión se adopta cuando la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales y cuando desde el Poder Ejecutivo se alienta el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y endurecer los controles migratorios para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales.
La emergencia en seguridad implica, entre otros puntos, la radarización de la frontera norte; y el levantamiento del "secreto militar" que fuera oportunamente declarado respecto de las "Reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial".
También la actualización de las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas y de los menores de edad con el debido resguardo de confidencialidad, y la utilización de la fuerza "como último recurso" en el caso de incursiones aéreas amenazantes.
El decreto 228/2016, que lleva la firma de ambos funcionarios, enumera las distintas iniciativas y programas que se tomaron en el marco del régimen excepcional.
En particular, en el texto se resalta el convenio por comprender "compromisos operativos; instrumentales; para la prevención y el abordaje integral de las adicciones; para garantizar la transparencia; de cooperación con la justicia y el Poder Legislativo y para la participación de la sociedad civil".
De esta manera, la administración de Mauricio Macri emuló a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien en la provincia de Buenos Aires también extendió a comienzos de 2017 el período de excepción en el área de seguridad por el plazo de un año.
Durante el 2016, el Poder Ejecutivo emprendió distintas acciones bajo los parámetros de la emergencia, con foco en los delitos denominados complejos y cometidos por el crimen organizado.
Entre las medidas tomadas, de acuerdo a la enumeración del decreto, hubo una profundización de los operativos antidrogas en las fronteras y en los asentamientos de emergencia, programa "Barrios Seguros", y se puso en marcha planes de coordinación en la comunicación entre las distintas fuerzas policiales, "Plan Federal de Comunicaciones".
También impulsó diferentes proyectos de ley, entre ellos, el de procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia, la norma que penaliza el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, o el que instituye figura del "arrepentido".
La medida, aclaró el gobierno nacional, podrá ser prorrogada nuevamente cuando el decreto cumpla un año, en enero de 2018.