Tras el fracaso del jueves, el Gobierno insistirá el lunes con la reforma
Sábado 16 de diciembre de 2017
Tras los incidentes del jueves, se confirmó que el lunes a las 14 se realizará la sesión para tratar la reforma previsional. Así se acordó ayer durante la reunión que mantuvieron mandatarios provinciales con funcionarios del Gobierno nacional. Además, según anticiparon fuentes oficiales, el Gobierno va a anunciar 4.000 millones de pesos de compensación en marzo, que alcanzará a jubilaciones y a beneficiarios de la AUH, con un piso mínimo de alcance de ocho millones de beneficiarios.
Con la intención de obtener una nueva sesión especial el lunes para sancionar la reforma previsional, el oficialismo convocó a un grupo de gobernadores y legisladores nacionales a una reunión que se realizó por más de cuatro horas en el Congreso de la Nación.
Participaron del encuentro el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, su par de Interior, Rogelio Frigerio; además de los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires) Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Bordet (Entre Ríos), el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, los diputados Emilio Monzó, Luciano Laspina y Daniel Lipovetzky, Pablo Kosiner, Eduardo Amadeo, Mario Negri, Manuel López, Carla Carrizo, Pablo Yedlin y Guillermo Snopek, y el senador Ángel Rozas, entre otros.
En tanto, legisladores del Frente para la Victoria, del massismo y de otros espacios de la oposición hicieron saber su enojo por no haber sido invitados al encuentro entre el oficialismo y el peronismo dialoguista. Ayer por la mañana, el presidente Mauricio Macri reunió a un grupo de funcionarios para evaluar lo que dejó el escándalo del jueves e intentar redefinir la estrategia para la próxima semana.
Denuncias
Diputados nacionales de la oposición presentaron ayer en los tribunales federales denuncias contra la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la “violencia” de los operativos montados por las fuerzas federales en torno del edificio del Congreso Nacional durante el miércoles y el jueves de esta semana. Una de las denuncias fue presentada por un grupo de diputados kirchneristas encabezado por el jefe de ese bloque, Agustín Rossi.
El escrito recayó en el despacho de la magistrada federal María Romilda Servini, mientras la otra denuncia fue radicada por la legisladora Victoria Donda, quien el miércoles fue golpeada en las inmediaciones del Congreso, ante el juzgado de Sergio Torres. La presentación de los diputados kirchneristas apuntó también contra Mauricio Macri, a quien se señaló como uno de los responsables del operativo de seguridad dispuesto el jueves en torno al Parlamento “para evitar que un conjunto de legisladores ejerciera su mandato”. Rossi, junto a sus colegas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, sostuvo en su denuncia que el operativo de seguridad en torno del Congreso tuvo por objetivo que los legisladores opositores no participaran del eventual debate de la reforma previsional impulsada por el Gobierno nacional.
"La responsabilidad penal recae sobre las fuerzas federales que ejecutaron los desmedidos actos de violencia referidos, así como sobre las autoridades que ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos de las diversas fuerzas federales", sostuvieron los diputados en el contenido de su denuncia.
La diputada Mayra Mendoza “fue salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad”, sostuvieron los legisladores, quienes remarcaron que “dispararon contra ella balas de goma que impactaron en sus piernas y le arrojaron gas pimienta a pocos centímetros”.
Mientras que desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires repudió la “brutal represión para votar una ley contra el pueblo” y exigió “garantías para el ejercicio de la libertad de expresión”. Desde el gremio se exigió “la inminente renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como responsable política y directa” de la represión.
Mantienen la amenaza del decreto
El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, aclaró ayer que un eventual decreto de necesidad y urgencia referido a la reforma previsional “no es una amenaza” sino una “herramienta” que el Gobierno “no” descarta. Aunque tratará de “agotar la instancia legislativa” para avanzar con el debate.
En este marco, confirmó los resultados del encuentro convocado para ayer a las 13:30 en Casa de Gobierno con “algunos gobernadores, diputados y el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio”, luego del frustrado tratamiento de la reforma previsional el jueves en la Cámara Baja, donde la sesión fue levantada en el marco de un clima de violencia que se produjo dentro y fuera del Congreso.
“El DNU no es una amenaza, es una herramienta válida que no descartamos”, apuntó Massot en declaraciones a una radio porteña.
Sin embargo, insistió en remarcar que el oficialismo procurará “agotar la instancia legislativa”.
“Nosotros vamos a volver a convocar, a insistir, a apelar al racionalismo de los que se oponen, que presenten sus fundamentos a la propuesta legislativa del oficialismo, para que se sienten de igual a igual y así podamos debatir lo que corresponde”, añadió luego del frustrado debate legislativo referido, enmarcado en una multitudinaria movilización de organizaciones sociales, políticas y sindicales en rechazo a la reforma previsional, y con un paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocado en caso de que fuera aprobada.
La represión se saldó con 45 detenidos
Son 45 las personas que estaban ayer detenidas en medio de la fuerte represión de la Gendarmería y la Policía el jueves en la zona del Congreso, donde el oficialismo finalmente no pudo avanzar con la aprobación de la reforma previsional. Por los incidentes se abrió una causa judicial, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio. El magistrado espera los sumarios realizados por las fuerzas de seguridad que hicieron las detenciones, para determinar si alguno de los apresados tiene antecedentes.
Bonadio también instruye la causa contra tres personas aún detenidas por los incidentes registrados el martes último en el centro porteño, A su vez, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que estudiará detenidamente el accionar de la Policía para determinar si “hubo excesos” durante la represión y tomar las medidas del caso.
La Iglesia insta al gobierno a buscar “el diálogo”
BUENOS AIRES. Preocupada por el clima de “creciente violencia política”, los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina difundieron ayer un mensaje en el que instó a retomar el diálogo como camino para superar “las dificultades que agobian” al pueblo.
El escrito surge horas después de los incidentes registrados en las adyacencias del Congreso de la Nación y el escándalo desatado en la Cámara de Diputados entre representantes del oficialismo y la oposición.
En una carta titulada “El diálogo es el único camino”, la Iglesia resaltó las “angustias” de los jubilados y convocó a construir una sociedad justa y equitativa a través del respeto de las instituciones democráticas.
El flamante presidente del Episcopado, Oscar Ojea, es un hombre cercano al papa Francisco, por lo que no es descabellado pensar que el Pontífice avaló la difusión del comunicado que busca pacificar a la ciudadanía antes de las fiestas de fin de año. Recientemente, tras su elección como máxima autoridad de la Iglesia, aseguró que el gobierno mantiene “una deuda social enorme” y que los esfuerzos han sido insuficientes.
“Exhortamos a todos a multiplicar los esfuerzos necesarios para poder celebrar estas próximas fiestas de Navidad en paz, e invocamos la protección de María Santísima, Nuestra Señora de Luján, sobre cada uno de los argentinos”, completó.
