Tras una revocatoria solicitan que ex jueces sean encarcelados

Martes 17 de octubre de 2017
Guillermo Max Recabarren, uno de los ex funcionarios condenados.

El abogado Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), aseguró ayer que ya no existe impedimento para que los ex jueces que fueron condenados a prisión perpetua en el denominado “juicio a los jueces” sean detenidos, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó una resolución de Casación, por lo que exigió que “los ex magistrados condenados vayan presos ya”.
En diálogo con Télam, Salinas subrayó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una resolución de Casación respecto a los casos de los ex jueces Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren, condenados a prisión perpetua”, y recordó que ambos “aún se encuentran en libertad”.
En ese sentido, recordó que “el martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, en el expediente Miret Caples Luis Francisco y otros Incidente de recurso extraordinario”, ordenó que los ex magistrados sean detenidos de inmediato.

En el fallo del 26 de julio de 2017, el Tribunal Oral Federal de Mendoza condenó a prisión perpetua a los ex jueces mendocinos Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Otilio Romano y Luis Miret. (ver: la setencia de...)
El único que se encontraba detenido era Otilio Romano, mientras que los otros tres ex jueces condenados se encontraban en libertad por una determinación de la Cámara de Casación Penal de la Nación que fue revocada el 10 de octubre de 2017, aunque a Luis Miret esta resolución ya no lo alcanza porque falleció el pasado 4 de septiembre.
En el denominado “juicio a los jueces” se juzgó a cuatro ex magistrados por su actuación durante la dictadura militar y a otros 30 imputados.
El juicio oral y público, que tuvo lugar en Mendoza, se extendió durante más de 3 años y medio (desde el 17 de febrero de 2014 hasta el 26 de julio último), y tuvo 216 audiencias.
Esta mega causa resultó de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad, e incluyó el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y asesinatos contra más de 200 víctimas durante la última dictadura.
“El máximo tribunal tomó la jurisprudencia del caso 'Olivera Rovere, Jorge Carlos, que remite también a los fundamentos del fallo 'Vigo, Alberto Gabriel', y esa jurisprudencia es aplicable ahora a Carrizo y Petra Recabarren, por lo que el fallo de la Corte es inapelable, y es sin dudas también un fuerte respaldo a la justicia federal de Mendoza y al fallo del 26 de julio pasado”, explicó el abogado.
En definitiva, el asesor letrado afirmó que no existía impedimento “para proceder a la detención de los ex jueces”, y agregó que hasta el momento “existía una resolución de Casación que lo impedía, pero la Corte la dejó sin efecto y volvió a remitir el expediente a Casación”.
En ese sentido, Salinas exhortó al Tribunal de Casación “a librar las órdenes de detención de manera inmediata contra Carrizo y Petra Recabarren para que de una vez por todas queden presos y cumplan su sentencia de prisión perpetua”, finalizó.

La sentencia de los ex jueces en Mendoza

Mendoza conoció el último 26 de julio la histórica sentencia contra la “pata” civil de la última dictadura militar, en el denominado “juicio a los jueces”. Se trató de una megacausa por delitos de lesa humanidad que tuvo como imputados a cuatro ex magistrados federales, finalmente condenados a prisión perpetua por ser cómplices del sistema represor durante los años negros del país.
Ese día, la instancia judicial llegó a su fin con el veredicto contra los ex jueces Otilio Ireneo Roque Romano, Luis Francisco Miret Clapés, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo Elst, dispuesto por el tribunal federal compuesto por Alejandro Waldo Piña (presidente), Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade. Asimismo, se conoció la condena contra ex militares, penitenciarios y policías.
Los ex funcionarios judiciales arriesgaban la pena de prisión perpetua, a pedido de la fiscalía, en junio pasado, mientras que la mayoría de los demás acusados, recibieron entre tres y 20 años de cárcel.