Un acusado contó que jugaban al truco por plata en la comisaría

Domingo 23 de noviembre de 2014 | 14:40hs.
Inspección ocular. | Se realizará el martes en la casa donde vivía Benítez.

Tras casi 40 horas de presentación de pruebas, recursos y declaraciones de las partes, el jueves concluyó la etapa de recepción de testimoniales en el marco del juicio oral y público por el homicidio de la estudiante Silvia Andrea González (15), cuyo cadáver fue hallado el 18 de octubre del 2001 en la localidad de Campo Viera.


Declararon 29 de los 56 testigos presentados inicialmente por la fiscalía y las defensas de los nueve acusados, de los cuales sólo cuatro prestaron testimonio ante el Tribunal Penal presidido por el juez José Pablo Rivero.


Por tiempo transcurrido desde el hecho, una decena de testigos citados en el expediente no fueron hallados o fallecieron, como la señora Elvira Rivero. Asimismo, en el transcurso del debate las partes fueron desechando opciones que se incorporaron por lectura.


El primer acusado en prestar declaración fue Marciano Benítez (52), el principal sospechoso de ser el autor material del crimen. Aseguró que conocía a los policías acusados de encubrir el hecho y hasta reconoció que jugaba al truco por plata con ellos en la misma dependencia policial de Campo Viera, una circunstancia de por sí irregular.


“Los policías hacían campeonatos de truco en la comisaría, cobraban una inscripción y se podía participar”, lanzó como al pasar. Dichas veladas se realizaban en el quincho del patio de la propia comisaría e incluían asado y consumo de bebida alcohólicas.


A su turno, el ex comisario Miguel Ángel Silvera (53) y el ex oficial ayudante Cristian Orlando Morel (38), acusados de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, coincidieron al afirmar que desde un principio hubo versiones que apuntaban al intendente Juan Carlos Ríos, padre del imputado Hugo Dante “Willy” Ríos (31), aunque no informaron sobre avances en dicha línea.


El 14 de octubre del 2001, tres días después de la desaparición de Silvia Andrea, se realizaron elecciones legislativas y Ríos integraba las filas del PJ, cuyo local partidario era lindero a la vivienda que ocupaba Marciano Benítez, donde se presume que estuvo cautiva la víctima.


En su declaración ante el Tribunal, ni Silvera ni Morel pudieron explicar cómo dieron con pistas sobre la presunta responsabilidad de Benítez y Fabiana Cantero (32), acusada de ser la entregadora.

Testigos “apretados”
Recién en diciembre del 2003, cuando se realizó el primer y frustrado juicio, la testigo clave Norma Beatriz Ríos involucró a Willy Ríos, a Aurora Natividad Rivero (64) -propietaria del bar donde habrían violado a Silvia Andrea- y a cinco policías acusados de encubrimiento.


Entonces se suspendió el debate y se inició una nueva instrucción del caso, donde comenzaron a notarse evidencias para incriminar a los policías, sobre todo a Silvera y a Morel, quienes fueron el instructor y el secretario, respectivamente, de la primera investigación.


En el expediente se citan pruebas para corroborar que los instructores buscaron desviar la investigación. Incluso, otro de los ex policías implicados, Carlos Pablo Miquetán (59), declaró que la testigo Teresa Barboza -conocida en Campo Viera como “Teresiña”- se acercó a la comisaría para contar que vio a la víctima amarrada a una silla en una habitación de la casa de Benítez.


Miquetán declaró que le transmitió esta versión al jefe de la dependencia Silvera, aunque éste desestimó a la testigo y no investigó como era debido. Luego, la citada Teresiña, al igual que otros testigos de la época, desapareció de Campo Viera.


Precisamente, el abogado que defiende los intereses de la familia de la víctima lamentó que en los últimos 13 años muchos testigos fueron amenazados, perdieron sus trabajos y hasta tuvieron que mudarse del pueblo, tal el caso del mecánico Víctor Rivero (35), quien actualmente reside en Buenos Aires.


En su declaración ante el Tribunal, Rivero denunció que fue torturado por personal policial para que declare en contra de Benítez.


“Me detuvieron en averiguación del caso porque lo conocía a Marciano Benítez, de vista. Primero me tuvieron doce horas en la comisaría, sin saber qué pasaba. Después llegaron los de la Brigada de Investigaciones, me hacían preguntas de Benítez y me pegaron mucho”, aseguró.


Rubén Ramos (52) afirmó que un conocido le comentó que Silvera le pidió que incrimine a un joven que resultó ser su hijo y que estuvo varios días detenido sin que se hallaran pruebas en su contra.


“Un día me crucé con Natal Pimentel y con un señor de apellido Zabala, que me dijo que el comisario le pidió que declare que el día en que se perdió Silvia Andrea le vio subiendo a la moto de un muchacho. Quería que diga que el chico le levantó de atrás del colegio. Que si declaraba eso el asunto estaba cocinado”, relató.


Recordó que su hijo, Carlos Ramos, estuvo detenido en dos ocasiones en el marco de la causa y allanaron su casa en averiguación del hecho. “El comisario Silvera quería que acusen a mi hijo”, subrayó. Ante la consulta de la fiscal, varios policías declararon que la búsqueda de la víctima se circunscribió a la zona rural y no avanzaron sobre el casco céntrico, donde se presume que permaneció oculta en la casa donde vivía Benítez.

Años y contradicciones
“No me acuerdo porque ya pasaron muchos años”, fue la frase recurrente expresada por la mayoría de los testigos que prestaron declaración en el juicio.


Por ejemplo, Ricardo Muñoz (21) aportó poco y nada con relación a lo que habría visto cuando tenía ocho años. El joven señaló que en los días del hecho estaba comiendo pitanga con su hermano Cristian, quien tenía apenas 5 años, cuando observó a Marciano Benítez charlando con una joven, aunque no pudo precisar su identidad.


Luego declaró su madre, Luisa Muñoz (41), aunque reconoció: “No me acuerdo de nada porque pasaron trece años”. Por ello fue necesario refrescarle su primera declaración, cuando relató que su hijo Cristian le contó que estaba comiendo pitanga con su hermano mayor y escuchó gritos de auxilio provenientes de la casa de Benítez.


Al momento de testificar ante el Tribunal, Cristian Muñoz (18) dijo: “No me acuerdo de nada porque en esa época tenía cinco años”. La defensora de Benítez se opuso a que se incorpore su declaración por lectura, solicitud denegada por el Tribunal.


Carolina Morel (27) contó que tenía 14 años cuando llegó a la casa de Marciano Benítez para pedir un vaso de agua y escuchó que una chica pedía auxilio. Dijo que alcanzó a ver a la víctima, pero en ese momento el acusado apareció con el agua y “me dijo que raje de ahí porque si no me iba a pasar lo mismo”.


Después entró en contradicciones con relación a sus declaraciones anteriores, como cuando involucró a Silvera y a Morel.
A lo largo de las nueve jornadas que lleva el juicio, en reiteradas ocasiones al dirigirse a la fiscal el abogado de los policías implicados hizo alusión al primer juez de instrucción. Ocurre que el juez Horacio Alarcón es esposo de la fiscal Estela Salguero de Alarcón.


La referencia llegó al extremo cuando al prestar declaración el ex oficial Morel señaló: “El marido de la señora fiscal aprobó nuestro trabajo”. De todas formas, más allá las constantes alusiones y chicanas, la defensa de los policías no recusó a la fiscal en tiempo y forma.

Coartada en dudas
El testimonio de Dionisio Saracho (60) puso en apuros a la defensa del Willy Ríos, ya que el preceptor no pudo asegurar que el muchacho haya asistido a clases el día en que desapareció la víctima, el 11 de octubre del 2001.

Desde hace 26 años Saracho se desempeña como preceptor del Bachillerato de Orientación Laboral Polivalente (Bolp) 3 de Campo Viera, función por la cual es el encargado de tomar asistencia a los alumnos. “No recuerdo si ese día faltó o no”, declaró.


El testimonio de Waldemar Cardozo (67) tampoco permitió consolidar la coartada de la defensa del acusado, ya que no pudo certificar si el día del hecho fue a trabajar.


Cardozo era patrón de Ríos en el aserradero donde trabajaba el muchacho y reconoció que es socio de Justo José Ríos, tío del imputado.


Contó que Ríos, quien entonces tenía 17 años, trabajaba de 7 a 12 y por la tarde hasta las 17.30, y “esporádicamente pedía para faltar por Educación Física”, aunque luego se corroboró que en el turno noche no había tal materia.


Dijo que él mismo controlaba la asistencia del personal y que si hubiera faltado lo hubiera notado, pero más tarde reconoció que de lunes a sábado no estaba en el aserradero porque trabajaba en Vialidad Provincial.


Final macabro
Silvia Andrea permaneció desaparecida una semana, hasta que su cuerpo sin vida fue hallado con una bolsa plástica negra en la cabeza. En el expediente se citan testigos que indicaron que la estudiante fue asesinada porque amenazó a sus captores con denunciarlos.


Hasta el momento, en el voluminoso expediente que alcanza las 5000 fojas, se estableció que el 11 de octubre del 2001 la joven salió del colegio en compañía de la hermana de Fabiana Cantero, Marina, quien al momento del hecho tenía 14 años y era inimputable. En el trayecto hasta su casa ambas subieron a un auto.


La habrían llevado a la casa donde residía Benítez, sobre la Avenida del Té y Los Teales, como también a un bar del kilómetro 28, propiedad de Natividad Rivero. En ambos lugares la violaron.


El cuerpo fue encontrada el 18 de octubre, una semana después de su desaparición, en un camino terrado ubicado a unos seis kilómetros del pueblo de Campo Viera.


Horacio Wagner (36) contó que ese día estaba trabajando, su patrón sintió olor a podrido y le pidió a él y a otro empleado que lo acompañen a ver el lugar.


“Yo vi un poco, de unos diez metros nomás, y avisamos a la Policía. Después me acerqué y vi bien el cuerpo de la chica. Estaba desnuda, muy hinchada y en descomposición. El olor que largaba era tan fuerte que llegaba a impregnar”, graficó.

En la continuidad de las actividades previstas por el Tribunal, el martes a las 9 se realizará la inspección ocular de la casa donde vivía Marciano Benítez y se sospecha que Silvia Andrea estuvo secuestrada. En tanto, el debate retomará su curso el lunes 1 de diciembre, con el inicio de la lectura de los alegatos.