La expulsión de las amonestaciones
Domingo 16 de noviembre de 2014 | 21:00hs.
Aunque todavía conforman el régimen en vigencia en la provincia, implícitamente las amonestaciones comenzaron a ser relegadas como herramientas de sanción en las escuelas secundarias. Y en la búsqueda del nuevo sistema de control disciplinario, los educadores se reconocieron incómodos, y admitieron que sienten en las espaldas el peso de transitar este proceso con poquísimas certezas.
En marcha la transformación educativa que inauguró la Ley de Educación Nacional en 2006, su órgano rector, el Consejo Federal de Educación, aprobó resoluciones y programas de acción a largo plazo para democratizar la toma de decisiones en las instituciones educativas y universalizar el acceso a la enseñanza (ver página 5).
Hay un amplio consenso de los docentes en la necesidad de cambio, pero la nueva escuela todavía no termina de nacer, y en la transición hay muchas inquietudes sobre el rol del educador, y sobre todo está cuestionada la autoridad del profesor.
La demanda urgente frente a la problemática es de capacitaciones y directivas claras.
En Misiones, las escuelas avanzan en los debates para la elaboración de los códigos de convivencia participativos. Y lo paradójico del sistema educativo radica en que si bien los reglamentos de sanciones son plenamente legales, su consecuencia final o la expulsión de los jóvenes es algo que se impide debido al derecho al acceso a la educación.
En una escuela más permeable a las problemáticas sociales, como la violencia, el consumo de sustancias y las carencias económicas, quedó visto que las amonestaciones caducaron, pero ¿qué las reemplaza? Provincias como Mendoza y Córdoba están un paso adelante, se eliminaron las amonestaciones y prosperan sistemas de firmas, llamados de atención y confección de actas de compromiso.
En la tierra colorada a esta altura del año, todos los establecimientos están en conocimiento de que no pueden dejar libre a ningún joven. No se le puede sancionar con amonestaciones, tampoco va a rendir la totalidad de las materias si supera el cupo de las 25 inasistencias injustificadas, tal como se prevé en las reglamentaciones internas.
No hay una circular que disponga eso, no hay un marco legal que diga que no se amonesta más. Pero se sabe que en el marco de la escuela inclusiva no se puede dejar afuera al alumno.
“Entonces, ¿qué pasa cuando están fijados los límites y las consecuencias de transgredirlos, pero quien pasa el límite está seguro de que no tendrá sanción, de que da lo mismo cumplir o no cumplir?”, se preguntó una psicopedagoga. “Hay una brecha, un vacío que todavía los adultos no estamos encontrando cómo resolver”, resaltó.
Esta tensión quedó visibilizada a principios de agosto, cuando la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) N° 3, fue noticia nacional cuando el Consejo General de Educación (CGE) dispuso la instrucción de un sumario administrativo y la separación del director Jorge Romero por sancionar a cuatro alumnos acusados del robo de la moto de un compañero.
Ante lo que fue considerada una arbitrariedad, esa comunidad educativa se encolumnó en el reclamo por la reincorporación de Romero, quien se había ajustado a las normas.
Medios de todo el país cubrieron la toma de la Epet N° 3 y la noticia no dejaba de sorprender y levantaba reguero de opiniones: “Echaron al director por sancionar a alumnos ladrones”, fue el título recurrente.
Luego de tres días de toma del colegio, el CGE dejó sin efecto la resolución 870/14 y Romero reasumió en el cargo. Tampoco se inició un sumario contra los docentes que habían avalado la suspensión de los implicados en el ilícito, quienes recibieron el pase a otra institución.
Según el director, si la intervención prosperaba se hubiera sentado un precedente grave para la docencia misionera y la autonomía de las escuelas (ver página 10).
Justamente, el directivo no se equivocaba en su apreciación. Hoy -por lo bajo- los docentes reconocen que este hecho dio un cimbronazo a la estructura escolar.
El Territorio consultó a profesores, directores y psicopedagogos sobre los límites de lo instituido como sostén del orden escolar vigente, y las soluciones posibles para hacer frente a la demanda de contención de la juventud.
“Se actúa con precaución, porque hay incertidumbre sobre hasta adónde la decisión de una escuela está respaldada por el Estado”, confió una profesora.
Lo que sigue son las miradas de distintos actores de la educación, que dan algunas pistas para poder entender los complejos códigos que circulan en el ámbito escolar.
Están vigentes
Alberto Galarza, coordinador de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, vio con buenos ojos el debate.
“Hoy, el tema de aplicar sanciones punitivas o sanciones educativas está en el centro del debate para la educación secundaria, y es bueno que se instale esta cuestión, porque es necesario revisar el paradigma de disciplina y avanzar hacia normas inclusivas, donde la sanción sea parte del proceso de aprendizaje y no quede sólo en el castigo que expulsa de la escuela, pero que no resuelve problemáticas de fondo y a futuro”.
El funcionario aclaró que el régimen de amonestaciones sigue vigente. “No estamos sacando las amonestaciones ni restando autoridad a las escuelas; al contrario, lo que se quiere promover son reglas claras para todos, y que los jóvenes sepan que ante un comportamiento no adecuado les corresponde una sanción, pero no podemos dejar que esta sanción los deje afuera de la escuela, los deje sin la posibilidad de educarse en la escuela secundaria, que es un derecho”.
Agregó que si bien existen las amonestaciones, la intención es que haya alternativas, que la sanción sea educativa y reparadora, y para lograr estos acuerdos es esencial la participación de los padres y de los alumnos en la elaboración de los códigos de convivencia.
Nuevas posibilidades ante una indisciplina podrían ser la confección de actas de compromiso, la reparación de un daño, la participación en iniciativas de ayuda comunitaria.
La directora del Polivalente 36, María Elena Sitz reflexionó: “las amonestaciones deben aplicarse sólo en casos graves; para situaciones leves hay otras instancias como la mediación, las actas de compromiso, pero las amonestaciones son una herramienta vigente, y las escuelas son autónomas, y todo el cuerpo directivo y docente cuando toma una decisión, está debidamente fundamentado y documentado y debe respetarse”.
A la vez, detalló que las amonestaciones sirven si van acompañadas con el seguimiento de los padres y de la escuela. “Toda decisión, todo contenido que se aborde en la institución educativa persigue un objetivo pedagógico de enseñanza, por eso una sanción debe educar, debe servir para marcar que una conducta estuvo mal y que no se debe repetirla”.
Por su parte, Mariano Antón, titular del Inadi Misiones, evidenció que “podemos tener pautas, pero debemos ser conscientes y atender a la diversidad; debemos tender a la igualdad en el acceso a la educación, al conocimiento y también en el ejercicio de las obligaciones. Todos entramos a la misma hora, nadie daña al otro, pero después, ante los problemas somos diversos, entonces la respuesta del sistema debe ser diverso y no automático, las sanciones deben ser reflexionadas” (ver página 7).
Por Silvia Godoy
interior@elterritorio.com.ar
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