Ingresan proyecto de comunicación en la Cámara de Representantes

El diputado Mariano Díaz ingresó en la Cámara de Representantes, un proyecto de comunicación en el que solicita al Poder Ejecutivo informe sobre posibles incumplimientos a las normas laborales relacionadas con promotores de salud, además de diferencias de montos abonados por los servicios prestados y atraso en los pagos. En su rol de legislador provincial y haciéndose eco de las denuncias de promotores de salud, solicitó al Estado un informe respecto de la verdadera relación contractual existente con los mismos, si se cumple lo normado, y de no ser así, cuales fueron las causas que lo motivaron.  
Los denominados "promotores de salud", manifestaron que desde el año 2.005 más de mil trabajadores, perciben $ 330 por realizar tareas de atención primaria para el Ministerio de Salud Pública de la Provincia en ámbitos rurales y urbanos; esto no termina en la decadencia salarial, sino que además se trata de personas que no reciben sueldo anual complementario, ni cuentan con cobertura social. Los denunciantes sostienen que son  obligados a trabajar más horas de las estipuladas en el "Contrato de Locación de Servicios". Asimismo, que el contrato es renovado cada tres meses y exige al trabajador ser monotributista,  lo que repercute en el pobre ingreso mensual.  
En cuanto a la  obligatoriedad de ser Monotributistas,  Díaz, sostuvo que "esto es grave porque se podría configurar como 'conducta antijurídica', fraude o simulación de la relación laboral  de los afectados y, en consecuencia  el Estado estaría incumpliendo leyes laborales vigentes. Si consideramos que el Estado es el que debiera controlar el cumplimiento de las normas y no infringirlas, esta situación es más grave aún”.  
Respecto de la cuestión de los montos percibidos por los trabajadores "esto también es verdaderamente preocupante, ya que los mismos perciben montos muy inferiores a los que podríamos considerar como salarios dignos", enfatizó, Mariano Díaz. La situación planteada por los promotores, además originaría serios costos económicos y jurídicos, en este caso al Estado Provincial, ya que debería enfrentar erogaciones mayores en futuras acciones legales encuadradas bajo la figura del trabajo en negro o no registrado. 
Por esta razón también Díaz considera fundamental que el Ejecutivo presente un informe. "En definitiva, se trata de cumplir con las leyes vigentes y que el Estado, que es el que tiene la responsabilidad de controlar a través de los Organismos competentes como el Ministerio de Trabajo y Empleo, el cumplimiento de las normas laborales, se abstenga de utilizar figuras cuya instrumentación pueda ser interpretada como una forma de eludir o simular una relación de trabajo", concluyó, el diputado Díaz.